Declaración de la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público, 100 días después del grave accidente en el ferrocarril urbano y metropolitano, denunciando la persecución a la que es sometida cuando sus opiniones no coinciden con las versiones oficiales.

Diego José Trigo, maquinista de la línea 1 del metro de Valencia y miembro de la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público, está siendo amenazado laboralmente por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, la empresa responsable del grave accidente ocurrido el 3 de julio de 2006 en el metro de Valencia.

Y no es la única persona de esta coordinadora de plataformas, foros y redes ciudadanas en defensa del ferrocarril que está siendo amenazada en su situación laboral, también José Luis Ordóñez, periodista de la revista mensual ferroviaria “Vía Libre” ha recibido advertencias de posibles represalias por haber acudido los pasados días 7 y 8 de septiembre a Valencia, como ponente en las “Jornadas de Seguridad en el Transporte Metropolitano”, organizadas por la Fundació Societat i Progrés con el objetivo de mantener un debate abierto y plural sobre la seguridad ferroviaria en España a raíz del trágico accidente citado.

El enojado Conseller de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, José Ramón García Antón, transmitió sus quejas, por la presencia de Diego José Trigo, José Luis Ordóñez y Vicente Miguel, en dichas jornadas, al Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, al Presidente de Renfe, al Director Gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y al Presidente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

Este uso antidemocrático de las relaciones institucionales entre el Gobierno Autonómico de la Comunidad Valenciana y el Gobierno General del Estado está derivando en amenazas a Diego José Trigo, miembro del Sindicato Ferroviario, y a José Luis Ordóñez, portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público, además de haber provocado un comunicado de prensa de Renfe desautorizando las manifestaciones de Vicente Miguel por ser empleado de la compañía.

¿Cómo es que participar en la vida pública y democrática afecta a las personas en el ámbito profesional? ¿No es esto lo que se conoce coloquialmente como “caza de brujas”?

Tanto Diego José Trigo, como José Luis Ordóñez, más Vicente Torres y Xavier García Bernabé, miembros de la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público, fueron requeridos como expertos ferroviarios para participar en la fallida Comisión de Investigación que tuvo lugar en el parlamento autonómico de la Comunidad Valenciana.

Ante el proceso abierto, el Sindicato Ferroviario - Intersindical Valenciana anunció su intención de querellarse y convocar huelga si FGV no retira el expediente a Diego José Trigo por sus críticas ante la comisión parlamentaria que investigó el accidente de metro, previsible y evitable, que provocó la muerte de 43 personas.

Las intimidaciones han generado también el rechazo de las organizaciones políticas de la oposición al Gobierno Autonómico de la Comunidad Valenciana. Andrés Perelló, portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Cortes, tildó el hecho de “maniobra indecente y de baja catadura democrática”, y el portavoz de EU-IU-L'Entesa, Joan Ribó, calificó las medidas de “proceso inquisitorial y persecución política” y exigió su “retirada inmediata”.

Por todo lo referido, la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público denuncia la persecución a la que es sometida cuando sus opiniones no coinciden con las versiones oficiales.

La Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público mantiene la máxima defensa de su lema “Por un ferrocarril público y social, seguro y sostenible”, y exige que FGV y la Generalitat Valenciana asuman responsabilidades por el accidente del metro de Valencia. La tozuda realidad, y a pesar del bloqueo de la investigación, ha permitido que muchos hechos, circunstancias y causas últimas de la catástrofe del 3 de julio estén saliendo a la luz. Como las continuas peticiones de medidas de seguridad por parte de los sindicatos, ignoradas o rechazadas por la empresa, porque requerían inversiones, o a veces simplemente por mantener un discutible principio de autoridad. Como la alarmante repetición de incidentes, accidentes, averías, problemas mecánicos y fallos humanos en la tan controvertida línea 1, donde se había producido con anterioridad el conocido accidente de Picanya. Como la penuria de fondos de FGV, causada por la falta de transferencias del Estado (responsabilidad política del Gobierno Zaplana, que las desvió y luego las dejó perder). Como el incumplimiento de los compromisos de transferencias para inversiones de la Generalitat Valenciana, que obligó al endeudamiento excesivo de la empresa pública FGV. Como la expansión de la red de FGV, en situación de penuria financiera, que permitía inaugurar algunos nuevos tramos, pero no el mantenimiento ni la modernización de la infraestructura y vehículos existentes.

Nos estamos preguntando si en la línea 1 del metro de Valencia existe aún riesgo de que se repita un accidente grave. Como personas usuarias, y como profesionales, nos atrevemos a decir que, de momento, esta línea es más segura que hace 100 días. Pero no por las balizas, sino por la mayor percepción del riesgo por parte de todo el mundo. Los maquinistas se mantendrán especialmente vigilantes en los puntos de mayor riesgo, señalizados o no, durante cierto tiempo. La dirección de FGV no aplicará de momento presiones sobre los maquinistas para que cumplan con las velocidades comerciales a toda costa y saltándose las limitaciones de velocidad. Pero no es aceptable que el factor determinante de la seguridad en la línea 1 sea la atención constante de los maquinistas. Como hemos repetido desde que ocurrió la tragedia, la tecnología está para prevenir los posibles fallos y los descuidos de las personas. En ningún caso es admisible que se achaque toda la responsabilidad de lo ocurrido al maquinista. Entendemos que sí hay responsabilidades en la gestión de FGV, y sobre todo que hay responsabilidades políticas.

Por todas estas razones, desde la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público seguimos exigiendo la realización de una investigación completa e independiente, así como la identificación de las deficiencias materiales, de mantenimiento o de gestión, que puedan haber hecho posible este terrible accidente, para que no se vuelva a repetir. Confiamos en que la ciudadanía, con la Asociación de Familiares de las Víctimas y las organizaciones políticas de la oposición, en su ámbito respectivo, continuemos trabajando para esclarecer las causas del accidente. Este accidente del metro de Valencia del 3 de julio de 2006 no está zanjado: para la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público sigue siendo un caso abierto.