Texto de la petición:

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020, PEIT, no es el plan del transporte sostenible que necesita la sociedad española, ya que impide la generación de un sistema de transporte integrado y multimodal donde se aprovechen adecuadamente las mayores ventajas ecológicas, sociales y económicas de cada modo y medio de transporte.

El PEIT continúa el despilfarro económico de los Presupuestos Generales del Estado y de los Fondos Europeos con actuaciones en autopistas, autovías, aeropuertos, puertos y grandes líneas ferroviarias para tráfico exclusivo de viajeros programadas en el anterior Plan de Infraestructuras para el Transporte 2000-2007 del ministro Álvarez-Cascos. Es decir, continua una política de transporte insostenible basada en aumentar las necesidades de transporte, incrementar el consumo energético basado en combustibles fósiles, incrementar las emisiones de gases con efecto invernadero generadores del cambio climático, reducir la calidad del aire, aumentar el riesgo de accidentes en las carreteras, incrementar el ruido, despoblar el mundo rural, aumentar , en general, el mal uso de los recursos energéticos y naturales, contaminar el suelo y el agua, y provocar hipotecas insalvables para las generaciones futuras.

La actual ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, justifica el continuismo, en la promoción de los modos y medios de transporte más insostenibles: automóvil, camión, avión y tren de alta velocidad, en que la sociedad española es una sociedad madura y por tanto los compromisos adquiridos por el Gobierno saliente obligan al Gobierno entrante.

El modelo por el que opta el PEIT es primero generar problemas para luego tratar de arreglarlos, pero partiendo de una situación mucho peor, ya que el documento citado señala, primero, que durante los primeros años, 2005-2008, el Plan completará los compromisos del Gobierno anterior; segundo, que en el período 2009-2012 comenzará la integración intermodal, el reequilibrio en el reparto modal y el desligar la calidad de vida de la demanda de transporte; y, tercero, que en los años siguientes, 2013-2020, avanzará en la construcción de un sistema integrado, y atenderá los objetivos medioambientales y el desarrollo sostenible del transporte.

El Gobierno actual ha redactado un “Informe de Sostenibilidad Ambiental del PEIT” que parece un subterfugio legal buscado expresamente por el Ministerio de Fomento para evitar la realización de una auténtica evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de planes y programas en el medio ambiente. Da la impresión de que el Ministerio de Fomento, consciente de que el PEIT no superaría una evaluación ambiental estratégica, ha hecho todo lo posible por evitarla.

Parece un subterfugio legal porque el Consejo de Ministros Español tomó la decisión de elaborar el PEIT el 16 de julio de 2004, cinco días antes de que fuera obligatorio aplicar la Directiva 2001/42/CE, que entró en vigor el 21 de julio de 2001 y que debía aplicarse en todos los Estados Miembros antes del 21 de julio de 2004.

La citada directiva es consecuente con la Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible (Consejo Europeo de Gotemburgo, junio de 2001) donde se estableció que una política de transporte sostenible debería hacer frente a las crecientes intensidades de tráfico y niveles de congestión, ruido y contaminación, y fomentar el uso de los modos de transporte menos agresivos con el medio ambiente, así como la plena asunción por cada modo de los costes sociales y ambientales. Además de señalar que es necesario actuar para conseguir el cambio modal de la carretera al ferrocarril.

La Directiva 2001/42/CE establece que el Informe Medioambiental (el ISA en este caso) “identificará, describirá y evaluará los probables efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa”. Sin embargo, el documento presentado a información pública en España no incorpora una evaluación o estimación de esta probable incidencia, particularmente en lo que se refiere al aumento previsible de emisiones de CO2 que se derivarán de las actuaciones del plan. Pero el citado ISA si reconoce explícitamente que el escenario objetivo del PEIT no permitirá cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto.

La incompatibilidad ambiental del PEIT destaca en que no permitirá a España cumplir el Protocolo de Kioto y que convertirá nuestra geografía en el territorio europeo con más kilómetros de autovías y autopistas por habitante y por automóvil, e incluso, también en términos absolutos.

Es sorprendente que en el ISA se cite un documento denominado “Cálculo de emisiones de contaminantes atmosféricos asociados al escenario de transporte del PEIT del Ministerio de Fomento”, elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid, en octubre de 2004, que no se facilitó en el proceso de “información pública”, y que según parece por las referencias indirectas conocidas es un documento esencial para comprobar que no se va a cumplir el objetivo ambiental de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte español dentro de las obligaciones del Protocolo de Kioto.

Cabe preguntarse, entonces, qué sentido tiene plantear unos objetivos ambientales que no se van a cumplir, incluso sabiendo que se empeorará en muchos casos la ya mala situación actual desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema de transporte español.

Del mismo modo, ¿cómo es posible que se opte por un escenario, el PEIT 2020, que implica el incumplimiento de buena parte de los objetivos previstos? ¿De qué sirven, pues, los objetivos planteados? ¿Qué utilidad tiene el ISA? ¿Qué tipo de evaluación ambiental estratégica es ésta?

El PEIT pretende, en lo fundamental, construir 9.000 km de líneas férreas de alta velocidad (más de 250 km/h), de los que 1.000 serían exclusivamente para trenes de viajeros y el resto de tráfico mixto, y construir más de 6.000 km de autopistas y autovías. Estas cifras implican que España contará en 2020 con el 50% de todas las líneas de alta velocidad ferroviaria de la UE, y que se convertirá en el primer Estado Miembro de la UE por el número de kilómetros de autopistas y autovías.

Por todo ello, considerando que la Directiva 2001/42/CE no se está aplicando, considerando que las nuevas orientaciones de la UE para el desarrollo de la red transeuropea de transporte no se están aplicando, y considerando que pudiera ser que los Fondos Europeos aplicados en las infraestructuras para el transporte no se estuviesen utilizando debidamente, solicito que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo investige la legalidad medioambiental del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020